Los ayuntamientos deberán dar a Hacienda el listado de sus facturas pendientes con proveedores

24/02/2012 - Agencias/NoticiasClave.net

Los ayuntamientos deberán facilitar a Hacienda antes del 15 de marzo el listado con las facturas sin pagar para que el Gobierno ponga en marcha un plan financiero que ayudará a saldar las deudas que las administraciones públicas tienen con empresas y autónomos.

El Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto de ley para posibilitar la creación de un mecanismo de financiación a las entidades locales con vistas a pagar las facturas pendientes con sus proveedores que dará "prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura", de tal modo que cobrarán antes los que acepten renunciar a parte de esa deuda y aquellos que lleven más tiempo esperando.

Así, los proveedores que tengan facturas pendientes anteriores de pago generadas antes del final del pasado año comenzarán a cobrar a partir de mayo, según confirma el Gobierno en la reseña que ha publicado después del Consejo de Ministros de este viernes, que complementa y amplía la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta del Ejecutivo.

En cualquier caso, para cobrar, la condición indispensable que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro "es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público".

Las facturas deberán tener fecha anterior al 1 de enero de 2012. Las corporaciones locales tendrán que remitir antes del 31 de marzo un "plan de ajuste con la previsión de cómo harán frente a sus deudas y con las medidas que necesitan para garantizar su viabilidad", que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas, según indicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del Consejo de Ministros.

Santamaría indicó que se trata de poner "orden" y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de las deudas.

Así, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha, que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

Ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que tenga el menor impacto económico y de afectación al déficit público.

En este sentido, ha indicado que lo primero que hay que hacer es "conocer lo que hay y así hacer frente de una vez por todas" a las deudas, "dejando claro que las administraciones deben someterse a un plan de viabilidad para cumplir con los criterios de estabilidad".

Sobre la nueva línea ICO destinada a las comunidades autónomas para pagar a sus proveedores, la vicepresidenta ha señalado que una vez que se produzca la modificación legal en el ámbito de los ayuntamientos, el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptará los mecanismos de pago a los proveedores.