Sobre la copia privada y las opiniones del secretario de Estado de Cultura

25/10/2012 - José De Eusebio

Aunque resulte anacrónico, bien entrado el siglo XXI España se sigue situando al margen de la legalidad vigente en Europa en materias legisladas ya en 22 países de su entorno. Tal es el caso de los derechos de compensación por copia privada, el antiguo y malvadamente denominado por sus detractores como canon digital, que no es otra cosa, en forma y fondo, que una compensación a los propietarios de derechos de autor por la copia privada, trabajadores de las industrias culturales por la copia ilegal realizada a través de los soportes digitales que tenía que ser abonada por las empresas que los producen en lugar de por el ciudadano.

Las declaraciones del secretario de Estado de Cultura del 8 de octubre pasado, don José María Lassalle, no solo colocan a España a la cola de la legalidad vigente en Europa al respecto, sino que aventura comentarios, definiciones y paradojas que, sabiendo de la buena formación y conocimiento de su autor, no pueden sino esconder una estrategia combinada con aquellos que siguen atacando, pareciera que con la intención de destruir a la Industria Cultural y, con ella, a los creadores españoles que, ecordemos, aún con piratería proporcionaban hace menos de un año un 4% del PIB español.

En una época en la que se ha decidido acabar con esos ingresos para el Estado; a

través de una suicida subida del IVA, de la desaparición de las subvenciones a la

industria del cine y de la música, del retraso sine die de la supuesta Ley de

Patrocinio o Mecenazgo, del empleo de más de un 90% del presupuesto público

invertido por el Estado en teatros de ópera; festivales de jazz, de músicas

populares y de música de cualquier índole, en repertorios e intérpretes que no

cotizan en la Seguridad Social en España (decir extranjeros sería una inexactitud

en la que no queremos caer) y, ahora, de un descenso de los ingresos por copia

privada de más del 200%, hacer declaraciones como la que nos ocupa parece

ocultar un objetivo claro: acabar definitivamente con las Industrias Culturales en

España. Y con ello, paradójicamente, con ese 4% del PIB que, sin piratería, se

situaría en un 12%.

Afirmar que en la era digital “prácticamente no tiene sentido” una compensación

por la copia privada” no solo implica en sí una boutade desinformada, puesto que,

como no ignora el señor Lassalle, la venta de hardware de almacenamiento digital ha

aumentado más del 200%. ¿Conoce el secretario de Estado de Cultura a alguien

que compre repetidamente discos duros, DVDs, CDs, o cualquiera que sea el

utensilio de almacenamiento de memoria digital, que no copie al menos una o

varias veces y esto es lo que ponderó con las tecnológicas allá en 2003, material

protegido por la propiedad “privada” e intelectual? Nosotros, no.

Para hablar claro, el nuevo Reglamento que anuncia el Sr. Lassalle, que

compensará el “daño real que ocasiona al autor la copia”, no puede ser menor que

el que en el resto de Europa se recauda. Son 22 países, una normativa europea y

diversas legislaciones las que anteceden su próximo y anunciado Reglamento. Las

cifras son conocidas y la que se recaudaba anteriormente con el mal llamado

“canon digital” era superior a los 100 millones de euros en España, pero muy

inferior a los países de nuestro entorno económico.

Ahora, tras su descenso a 5 2

millones de euros sacados de manera inverosímil, y ya denunciada ante Bruselas,

de los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de ser abonados por la

multinacionales tecnológicas, de la electrónica, de la información y de la

comunicación que conforman la Industria Digital, el Gobierno se pone del lado de

las multinacionales, los grandes distribuidores de tráfico digital y las grandes

compañías de telecomunicaciones, abocando a los trabajadores de la Industria

Cultural española a su desaparición, la de cientos de miles de puestos de trabajo

que, antes de esta locura suicida, abonaban al Estado a través del IRPF y del IVA

más de 40.000 millones de euros que ahora desaparecen de las arcas de nuestra

economía. Si ya, como legisló el Sr. Lassalle tras llegar a la Secretaría de Estado, la

aportación de la copia privada con cargo a dinero público de todos los ciudadanos

libera de su pago a quien genera ese gasto –los fabricantes de equipos y aparatos y

soportes digitales que permiten la copia privada-, era una aberración en contra de

todo lo legislado en la UE, las proposiciones actuales del Ministerio parecen situar

a España al margen de la legalidad. Que paguen todos los ciudadanos de sus

impuestos la compensación por copia privada, en lugar de las multinacionales

tecnológicas que fabrican los soportes digitales utilizados para la misma, es

denunciable y denunciado. España no ingresa nada en su PIB, y los ciudadanos

tienen que pagar mientras las empresas que generan ese gasto consiguen que

compute como déficit del Estado. ¿Alguna duda de hacia dónde se quiere legislar?

Se pregunta el Sr. Lassalle “¿Quién hace una copia en DVD teniendo plataformas de

pago y con reconocimiento de los derechos de autor que te permiten tener toda la

música y el cine sin ocupar espacio en casa y respetando los derechos de

propiedad intelectual?" Pues casi todo el mundo. No conocemos en la Asociación

de Compositores ACAM a nadie del mundo ajeno al de la creación o al de aquellos

que trabajamos con la propiedad “privada” intelectual, que no lo haga

habitualmente, o que no lo haya hecho en alguna ocasión. No conocemos la

realidad social de los políticos de nuestro país, y menos la del Sr. Lassalle, pero

parece muy alejada de la realidad, del día a día, de la calle. La afirmación de que la

compensación por copia privada y su regulación “fue concebida básicamente para

la copia analógica” e insistir en que “hoy en día no tiene sentido” o en que “sí tuvo

sentido que eso representase hace dos años cien millones de euros" roza el

desprecio tanto económico como profesional de un colectivo, y de un sector, de

una industria en definitiva, que era la quinta del Estado. Si no tiene sentido, ¿qué es

lo que hacen cobrándola el resto de esos 22 países de la UU que parece sí

encontrar motivos para legislar la copia privada? ¿Por qué será España, cuarta

potencia económica europea, la única que desprecia ese potencial económico para

sus propios ingresos en su PIB? ¿Qué intereses de qué multinacionales esconden

un ataque tan definitivo a los trabajadores de la cultura, a sus propiedades

“privadas” e intelectuales? ¿Por qué colocar de nuevo a España a la cabeza de

países en donde la autoría es la única de las propiedades no protegidas en el

presente y futuro digital en el mundo civilizado?

Más grave aún es desconocer con qué asociaciones profesionales y de gestión de

derechos se ha hablado y negociado el anunciado Reglamento. La derogación del

mal llamado ‘canon digital’, que sigue vigente en países “tercermundistas” como

Alemania, su sustitución, denunciada por las entidades de gestión de derechos y

por los propios autores ante Bruselas, por las partidas provenientes de los 3

Presupuestos Generales del Estado que hacía pagar por la copia privada, de facto,

tanto a contribuyentes que quizá ni siquiera se hayan acercado jamás a un

ordenador como a aquellos que viven de la piratería profesional en mansiones de

lujo, como vimos en el caso del también alemán de origen Dot Com, es una

aberración. Por eso resulta alarmante la falta de diálogo con los trabajadores de la

cultura exhibida por el señor Lassalle, o el exceso de aquél con las empresas

multinacionales que parecen haber generado toda esta polémica.

Suplicamos, pues poco queda ya para la exigencia, que se escuche al sector

profesional de las industrias culturales españolas, que se dialogue con los

trabajadores que aún no han perdido todas las esperanzas de vivir de la cultura y

de la autoría en España, que se reflexione sobre la pérdida de ingresos que se

provoca con acciones y declaraciones que colocan a España fuera de toda

normativa europea y a la cabeza de la lista de países piratas del mundo

subdesarrollado. Rogamos una reflexión profunda de las consecuencias

económicas de la dirección que indican las declaraciones del Sr. Lassalle. Si no

hubiese campado a sus anchas la piratería en España, si el robo de la propiedad

“privada” intelectual se hubiese perseguido, se habría podido contribuir con un 12

% del PIB, en palabras de la anterior ministra de Cultura, lo que supondría la cifra

de 120.000 millones de euros, el doble de lo solicitado a Europa para la

recuperación del sistema financiero español. Ahora, tras la subida del IVA, la

desaparición de contribución pública alguna al sector de las industrias culturales

españolas, la persecución de la copia privada como acto del pasado cuando en el

resto de Europa se ha asumido ya como parte de toda legislación civilizada, no solo

se renuncia a esos millones de euros para el PIB del Estado, sino que se destruyen

definitivamente cientos de miles de puestos de trabajo y, lo que es peor, un

potencial cultural y patrimonio inigualable en el mundo, el de España, que jamás

ha sido potenciado por Gobierno alguno en toda su historia y que ahora peligra y

se coloca al límite de su extinción definitiva.

Una última reflexión: si otros delitos también cometidos en el ámbito de la vida

‘real’ no necesitan de legislación específica alguna a pesar de pertenecer al mundo

digital supuestamente libre de leyes no específicas, ¿por qué la copia privada y la

piratería sí la necesitan? ¿No se trata de un robo cualquiera, ya legislado en exceso

quizá, por tratarse de una propiedad “privada” e intelectual y no-física en un

mundo tan virtual como la propia creación, el digital? ¿A quién beneficia esta

supuesta falta de legislación y su cambio continuo? ¿Se imagina el Sr. Lassalle que

se examinase con esa frecuencia las capacidades legisladoras de aquellos que

parecen querer beneficiar a un sector multinacional pese a forzar a su

desaparición a la Industria Cultural española?

José De Eusebio es compositor, pianista, director de orquesta y musicólogo, así como integrante de la Comisión Gestora de la Asociación de Compositores y Autores de Música (Acam).